EL PODER DE LA MENTIRA Y LA MENTIRA DEL PODER

POR H. ELIEL PÉREZ CERVANTES

De pronto volvemos en el tiempo, al 2006, año de elecciones federales e impugnaciones a un proceso que hizo gala de múltiples irregularidades que fueron solapadas por la autoridad electoral al dar su validación, un proceso que sólo fue posible bajo resguardo de las fuerzas armadas… de la misma manera que el gobierno que de él resultó.

Cualquier parecido con la actualidad… no, no es mera coincidencia, es un signo y un síntoma de que el sistema falla recurrentemente y que debe ser intervenido por la sociedad.

L A S D U D A S

¿Será posible llevar a cabo el montaje de una transición democrática y de una alternancia política, para encubrir un traspaso negociado del poder público entre las élites político-económicas?

¿Pueden dichas élites utilizar la dinámica institucional para legitimar las medidas que más les convengan, mientras ante los ojos de todos proyectan una caricaturización de la realidad?

¿Qué justifica el hecho de que las instituciones oficiales en México toleren prácticas de guerra psicológica o guerra sucia entre los involucrados en las contiendas electorales, es decir, candidatos, partidos políticos, gobiernos, grupos empresariales, poderes fácticos, etc.?

Una revisión crítica de la historia reciente, no sólo de México, sino de todo país donde la democracia no se tome en serio, revelará el hecho de que los «poderes facticos» han intervenido más en la construcción de la realidad social que las poderes legalmente constituidas y mucho más que la población en su conjunto.

Todo el mundo sabe que los grupos de poder de diversa índole, pero principalmente los de carácter político-económico que han incursionado en la dinámica política, el sistema de partidos y la estructura institucional, han tomado toda clase de medidas para asegurar y fortalecer su situación de privilegio y dominio.

Sin embargo, el problema de fondo no es la mera presencia de dichos grupos, sino sobre todo nuestra ausencia como sociedad para hacerles un contrapeso efectivo; es nuestra apatía e indiferencia respecto a los asuntos públicos lo que hace posibles todos los abusos del poder.

Aunado a ello, la estrecha relación entre economía y política como áreas de acción acaparadas por esos grupos, establece las condiciones para que opere una cultura de la corrupción sin límites, el politólogo italiano Giulio Sapelli ha conceptualizado este fenómeno como Cleptocracia, es decir, la conexión ilegal de redes oligopólicas y monopólicas con el clientelismo político. (Sapelli, 1992)

Por lo tanto, es urgente separar esas 2 esferas de poder, unidas ellas y separados nosotros pueden controlarnos, sólo revirtiendo esta situación podrá ser la sociedad civil quien las controle.

Un fenómeno de estas características requiere formas concretas de control que eviten o contrarresten el malestar social que ocasiona, para ello, históricamente el poder político y el poder financiero han compartido recursos que han hecho posible dicho control social; herramientas que de acuerdo al filosofo francés Louis Althusser, consisten en una serie de medios que tienen la función de operar como instituciones de reproducción ideológica a corto y a largo plazo.

Estos medios se conocen como Aparatos Ideológicos del Estado (AIE) y tienen áreas específicas de acción, entre las cuales se encuentran las siguientes:

AIE de Información (medios impresos y electrónicos como Radio, Televisión, Internet, etc.), AIE Religiosos (el sistema de las distintas instituciones religiosas), AIE Escolar (el sistema de las distintas escuelas publicas y privadas), AIE Familiar (cuando transmite generacionalmente identidades, ideologías, dogmas, etc.), AIE Jurídico, AIE Político (el sistema político del cual forman parte los distintos partidos), AIE Sindical, etc.

Dichos Aparatos Ideológicos están a disposición de todos los gobiernos del mundo, sin embargo, como decíamos en la segunda parte, todo parece indicar que actualmente tienden a ser utilizados con un enfoque de dominación. Esto significa que la violencia de los grupos de poder hegemónico no se manifiesta únicamente mediante el uso y abuso de la fuerza, sino también cuando desde los medios a su disposición se violenta, es decir, se agrede la libre auto determinación de la población.

Como veremos mas detenidamente en la sexta parte; paralela y proporcionalmente a la violencia oficial, surgen cuestionamientos, protestas y estrategias de resistencia y desobediencia civil, que dan origen a nuevos y diversos movimientos sociales en todo el mundo.

Esa postura de rebeldía y desobediencia ante la arbitrariedad, la violencia o el engaño, son indicadores de un aumento en el nivel de concientización de la población, así como un factor equilibrante de las relaciones de poder y un “acelerador” en el proceso de construcción de nuevas formas de interacción y organización social.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el descontento popular aumenta conforme se agravan las condiciones económicas, políticas y sociales, causadas por la aplicación de medidas que atentan contra el bienestar de la población y vulneran la seguridad de la República, puesto que pueden conducir a escenarios de inestabilidad e ingobernabilidad.

Para muestra reciente están los casos de Túnez, Siria, Libia, Marruecos (Primavera Arabe), Grecia (Movilizaciones contra las “Medidas de austeridad”), España (Movimiento de los Indignados), el Reino Unido y Estados Unidos (Mov. Occupy), Estados Unidos (Mov. Occupy),

Chile (Movimientos Estudiantiles en Defensa de la Educación Pública), Brasil (Contra la pobreza del pueblo y el derroche del gobierno), México (desde 1968, hasta las actuales movilizaciones por los innumerables casos de violación de Derechos Humanos), y una amplia gama de movimientos sociales, tanto pacíficos como violentos, en diversos países del mundo cuyos gobiernos han tomado decisiones por las cuales enfrentaron, enfrentan o pueden enfrentar dichos escenarios.

¿Qué tipo de decisiones? Entre otras, privilegiar intereses privados por encima del interés general, como:

Privatizar los servicios públicos (salud, educación, electrificación, telecomunicaciones, distribución de agua potable, administración de la seguridad social, etc.),
Abrir sin regulaciones adecuadas la puerta al capital extranjero, para que haga con nuestros recursos naturales «lo que no podemos hacer por nuestra cuenta» (lo cual dicho sea de paso es mentira),
Solicitar o “aceptar” financiamiento de organismos internacionales, en lugar de idear maneras para producir la riqueza desde dentro, desarrollando nuestro capital humano,
Y toda una serie de imposiciones arbitrarias que lo único que logran es aumentar el descontento social, y hasta la radicalización de sectores que no solo manifiestan un profundo descontento, sino un desesperado hartazgo ante tanta corrupción y frivolidad.

Por todo ello, nuestro país debe aprender la lección y comenzar una serie de procesos de organización de la ciudadanía, que canalicen dicho descontento popular en acción no violenta, destructiva y caótica, sino en acción constructiva, participativa y organizada.

Pero tengamos en cuenta que la clase política tradicional no cuenta ya con la autoridad moral necesaria para conducir este proceso de reconstrucción de la vida democrática e institucional.

En México, particularmente durante los sexenios 2000-2006 y 2006-2012, así como del 2012 a la fecha, desde los medios masivos se ha producido una sistemática desconfianza, y hasta mofa y ridiculización de la ciudadanía respecto de los “servidores públicos”, construyendo una percepción que por un lado muestra la improvisación y corrupción del sistema político, y por otro, la distorsión y frivolidad de las personas en que están recayendo los cargos de la administración pública.

¿Con qué motivo? El de implantar en el imaginario colectivo una imagen de la política como una actividad reprobable.

¿Con qué objetivo? El de apartar a la gente de lo que la política es en realidad: una actividad entre semejantes, para construir socialmente la realidad.

Urge que como sociedad comprendamos que de seguir delegando el poder público en unos cuantos, los procesos electorales y sus resultados seguirán siendo el producto de un acto de gobierno más, en el cual los ciudadanos no elegimos a nuestros representantes, sino en el que tan sólo legitimamos con nuestro voto las imposiciones de las cúpulas partidistas y de quienes financian sus campañas, incluida la guerra sucia.

Ese tipo de procesos reduce la participación social y la idea de democracia a un ritual meramente simbólico, abriendo la posibilidad de que quienes son elegidos no sólo no actúen a favor, sino abiertamente en contra de la sociedad.

No se entiende este derroche de irracionalidad, por eso es inevitable preguntar:

¿Cómo llegamos a este punto?