EL TEATRO DE LA REPÚBLICA

POR H. ELIEL PÉREZ CERVANTES

INTRO. En teoría una república es una forma de gobierno regida por el interés común, la justicia y la igualdad, en la que existe una clara división y equilibrio de poderes.

Como tal, se contrapone a la monarquía y a la oligarquía que son formas de gobierno en las que prevalecen, respectivamente, los intereses de una sola persona, o de un grupo de personas por encima de los intereses de la mayoría de la población.

Y cuando esa condición de limitación del poder político con base en la ley no se cumple, cuando por el contrario persisten condiciones en las que prevalecen los intereses tanto políticos como económicos de grupos minoritarios nacionales o extranjeros, entonces no puede hablarse de una república en estricto sentido, sino mas bien de una representación de la misma, de un montaje, de un teatro:

5 de Febrero de 2017…

Se festejaba el cumpleaños número 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, como es tradición, había qué darle a la República un regalo digno del centenario…

Así que, adornado con los moños protocolarios de rigor, se le obsequió el edificio en el que fue promulgada la constitución de 1917; un inmueble colonial conocido como Teatro de la República, ubicado en la zona centro de la histórica ciudad de Querétaro y vendido por la Fundación Josefa Vergara al Senado de la República en la conmemorativa cantidad de 100 millones de pesos.

El evento, como cada año, consistió en verlos y oírlos nombrarse y aplaudirse entre ellos mismos: políticos, banqueros y generales del ejercito. Dueños de la escena y, ahora sí, dueños del escenario.

Presidían el acto: el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la mesa directiva de la cámara de senadores, el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados, el presidente de la suprema corte de justicia de la Nación… el presidente en turno de la conferencia nacional de gobernadores, el gobernador del Banco de México, el presidente del consejo nacional de seguridad… y el presidente que tod@s en el presidium llevan dentro.

Tal como hace un siglo, el control político del país consiste en dar a cada facción del poder político-económico su respectiva rebanada de Estado y Territorio, mientras que los niveles jerárquicos superiores de los llamados poderes constituidos del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) siguen cerrados a la ciudadanía gracias a argucias legales incluidas en la constitución.

Y cuando los poderes públicos se reparten y están a merced de lo que deciden los poderes fácticos significa que no se está respetando ni a la república ni al orden constitucional.

Juego de palabras…

Ese acaparamiento de los símbolos, las leyes y las instituciones por parte de la clase política está obstaculizando el cumplimiento del principio constitucional de autodeterminación, es decir, el derecho del pueblo a decidir y orientar con libertad la forma de su gobierno, establecido en su Articulo 39.

Y el ejemplo más claro de esta contradicción es la Constitución misma. Un documento que debería ser conocido y utilizado por todos los ciudadanos, ha sido modificado, como modificados han sido los ciudadanos y usados por la clase política para legitimarse a si misma y dar sustento legal a acciones en favor de sus intereses, motivo por el cual ha sido modificada tantas veces que hoy el 97% de todo su contenido ha sido alterado.

Como ha señalado el constitucionalista mexicano Diego Valadéz, incluso se triplicó en palabras el corpus de los 136 artículos que la integran, pasando de 22,000 palabras del texto original, a 66,000 en el actual; todo gracias a 700 modificaciones hechas a partir del año de 1921, en ocasiones sólo para introducir “bromas” de interpretación.

Como cuando con la reforma energética se cambió la redacción del Articulo 27 para abrir la posibilidad de darle la vuelta a la ley… con la interpretación de la misma ley, ejemplo:

“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones…”

Como consecuencia de esta modificación al texto constitucional los hidrocarburos sólo son propiedad de la nación cuando están en el subsuelo, pero una vez extraídos su situación legal cambia, pudiendo cambiar también su propiedad.

Ingenioso… y cínico ¿no crees? Reformar la constitución para deformar el sentido de la ley, y con ello hacer posible la entrega parcial de la renta petrolera a la iniciativa privada nacional y extranjera. Parece broma, pero no lo es.

Por supuesto hay modificaciones a la ley que son causadas por la evolución misma de la sociedad en el tiempo, sin embargo hay otras, como ésta, que no sólo no se justifican, si no que van totalmente en contra no sólo del interés común… sino hasta del sentido común.

Siendo honestos, las reformas a la constitución no siempre se hacen pensando en dar certidumbre jurídica a la mayoría de la población, sino en dar legitimidad y ventaja a las acciones llevadas a cabo por las minorías en posiciones de poder o privilegio.

¿Poder ser gobernados por hijos de padre o madre extranjeros? ¿ofrecer los recursos estratégicos del país a las transnacionales? ¿militarizar la seguridad pública? ¿suspender o restringir garantías individuales?

Todo es posible cuando el sistema de intereses creados controla a la mayoría de esa minoría que legisla y que supuestamente nos representa.

PACTO «POR MÉXICO»

PUEBLO SIN LEY Y LEY SIN PUEBLO

De acuerdo a datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 90% de los mexicanos conoce poco o nada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así pues, si la población que debiera ser fuente y destinataria de la ley no la conoce, lo mismo da contar con la constitución más avanzada del mundo que no contar con ella. Para que la ley tenga sentido y sea en verdad de validez general, debe ser conocida por todos. No basta con decir que “el desconocimiento de la ley no exime a nadie de su aplicación”; si una reforma educativa no se plantea, por ejemplo, la necesidad de hacer de conocimiento público los derechos y obligaciones de todos, entonces el Estado mismo esta fomentando esa ignorancia.

Los gobiernos federal, estatal y municipal deben recurrir a todos los instrumentos del Estado, empezando por la educación pública, para fomentar ese conocimiento y aprovechamiento del aparato constitucional e institucional del Estado mismo.

¿Que por qué no se educa a la población en el conocimiento de la ley?

Para decirlo sin rodeos, por el miedo de la clase política a la existencia de una sociedad más demandante, crítica y con argumentos para defender lo que es de todos. Porque si la gente convierte en armas las leyes está más equipada para el combate contra la corrupción, la simulación y la entrega del país.

Por eso construir una ciudadanía activa y consciente de su capacidad para incidir en el curso de los acontecimientos, en el transcurso del tiempo… deberá ser una prioridad para los gobiernos surgidos de la ciudadanía en el futuro inmediato.

Si los mexicanos, y en general, si los ciudadanos de cualquier país construimos un Poder Legislativo donde la mayoría de los legisladores sean de extracción ciudadana y no partidista (mediante candidatos realmente independientes), si promovemos iniciativas desde la sociedad civil, si creamos espacios para incidir realmente en el contenido y la aplicación de las leyes, en suma, si la sociedad se organiza para encarnar al estado, la democracia y la república serán algo real y no sólo un teatro.

CONCLUSION.

Una vez que el poder constituyente de 1917 concluyó sus trabajos de elaboración de la nueva carta magna, dejó en manos de la clase política “revolucionaria” los símbolos y las instituciones de la república, la cual, convenientemente no creo mecanismos que evitaran su control por parte de intereses ajenos al nacional.

Dicha élite prefirió crear un sistema de partidos y, peor aún, un sistema de partido de estado, en lugar de formar a la ciudadanía para incidir de verdad en los procesos de toma de decisiones. Así pues, aprovechando la pobreza y la ignorancia de la población, los pedazos del antiguo territorio que se convirtieron en estados de la república quedaron en manos de un sistema de cacicazgos locales que reprodujeron y reproducen aún características del antiguo sistema feudal.

Desde la independencia de nuestro país respecto del imperio español, otros imperios se han disputado su control. Durante todo este tiempo y al margen de la legalidad, se consolidaron una serie de dinámicas y estructuras que interfirieron en el funcionamiento normado de las principales instituciones del país. Como ya hemos señalado en otras ocasiones, a este fenómeno se le conoce teóricamente como captura del estado.

Para las élites político-económicas de cualquier país dicho proceso implica la construcción de una red de relaciones e intereses que terminan incidiendo en los procesos de toma de decisiones de interés general, y los procesos electorales son los ejemplos más claros de esto.

Por lo tanto, ante la construcción de una red de intereses creados que distorsionan el funcionamiento de las instituciones públicas, se necesita la construcción de una red de relaciones que tenga como función hacer contrapeso a ese fenómeno desde la base social. En este sitio ponemos a disposición de quien lo desee una serie de textos que describen muy brevemente los pasos necesarios para ello.

Una labor así es colectiva, y la garantía de Libre Asociación que estipula el articulo 9° de nuestra constitución es la misma para todos los ciudadanos mexicanos, donde quiera que se encuentren.

Por eso hoy, como hace tiempo te vuelvo a preguntar, estimadísimo lector:

¿Son las instituciones las que deben determinar la dinámica de la sociedades, o deben ser las sociedades las que determinen la dinámica de las instituciones?

La respuesta es obvia… ¿Qué estamos esperando para responder?