LA PARADOJA LEGAL Y LA LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA

POR H. ELIEL PÉREZ CERVANTES

Retomando lo dicho en la parte anterior, veamos cómo cuando la población no aplica su capacidad crítica frente a los sistemas políticos y de gobierno, hace posibles abusos de poder que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad del país.

Un ejemplo:

En el año 2007 la mayor parte del pueblo mexicano no se enteró a fondo sobre la aprobación en el congreso norteamericano de la iniciativa Mérida, un plan de asistencia militar que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ofreció a México para combatir al crimen organizado.

Tuvo que pasar el resto del sexenio que terminó en el 2012 para juzgar las consecuencias de esa medida intervencionista: A destiempo, o muy a tiempo, electoralmente hablando, la población dirigió su descontento hacia el gobierno federal en turno por su “política de seguridad”, y evaluó, eso sí demasiado tarde, el saldo de esa «estrategia» en más de 70,000 vidas humanas.

Tras las bajas de guerra y las víctimas reducidas por el gobierno a simples “daños colaterales” seguimos sin entender por qué se gasta más en paliar las consecuencias de las actividades ilícitas y no se invierte lo suficiente en reducir sus causas…

No lo sabemos, pero todo indica que la respuesta rebota en tres bandas:

1. El negocio de la industria armamentista.

La iniciativa Mérida es ante todo un plan de financiamiento del gobierno estadounidense al mexicano para la compra, principalmente a la industria norteamericana, de armamento y tecnología bélica.

2. El argumento geopolítico de la Estabilidad Hegemónica.

El gobierno norteamericano considera que ejercer el liderazgo hemisférico no puede consolidarse sin tener a un vecino equipado para resguardar dos fronteras (sur y norte de México) sumamente porosas no sólo para el tránsito de migrantes, sino también de narcóticos. Esto, claro está, funciona en el flujo de sur a norte, mientras que en el tráfico de armamento de norte a sur no hay mayor impedimento. La paz en la región, se resguarda en este sentido, con los argumentos de la guerra.

3. El control social por la vía de la intimidación violenta.

El concepto de estabilidad Hegemónica funciona entre países, pero al interior de una sociedad el mismo principio de intimidación violenta se ejerce mediante el uso y abuso de la fuerza por parte de los gobiernos, lo cual, invariablemente causa una sistemática suspensión y violación de los derechos humanos.

Hasta ahora se ha dado preponderancia al monopolio de la violencia del Estado, para fines utilitarios del gobierno, pero en materia jurídica, social y de salud pública, que son ejes básicos en el problema del narcotráfico los gobiernos no han actuado con la misma determinación.

Por supuesto éste no es un fenómeno exclusivo de México y tampoco es nuevo, la historia está llena de tramas como la que estamos viendo en el presente y que es consecuencia de la apatía social. Por ello es urgente idear estrategias mediante las cuales la acción organizada de la población influya en el curso de los acontecimientos, de modo que éstas deriven en poner la pluma con que se escribe la historia en sus manos.

Los gobiernos necesitan a la gente más de lo que la gente necesita a los gobiernos. Pero si la gente encarna al estado, es decir, si asume con su participación el poder público en lugar de sólo delegarlo, habrá Gobiernos Ciudadanos realmente democráticos, que no basen su autoridad en el uso de la fuerza, sino en la fortaleza de su unión.

Banksy

Amig@ lector, dicho lo anterior vale la pena insistir en que ejercer la soberanía del Estado por la vía de la ciudadanización de los Poderes Públicos es reforzar, mucho más y mejor que con las armas, la vida democrática del país.

El surgimiento de los Grupos de Autodefensa es un fenómeno social muy respetable por lo que tiene de disposición a ofrecer la vida en aras de protegerla, pero es también muy cuestionable por lo que tiene de reproducción del ciclo violento; aunque claro, es fácil decir esto desde la perspectiva teórica; en los hechos, cuando el estado no da cobertura suficiente en materia de seguridad pública, o cuando por diversos motivos los cuerpos de seguridad han dejado de ser confiables, los ciudadanos cuentan con el argumento de la legítima defensa, como se establece, por ejemplo, en el Artículo 15, fracción IV del Código Penal del Distrito Federal, Ahora estado de la Ciudad de México.

No cuesta nada soñar. Imaginemos que no es imposible la existencia de cuerpos policiacos de honorabilidad incuestionable, sobre todo si la gestión de la seguridad pública la lleva a cabo la misma ciudadanía y no los grupos de poder.

Como hemos dicho, las leyes, las instituciones y los órganos de gobiernos son nuestros y existen para servirnos. Pero al no incidir directamente, lo que producimos son gobiernos que mediante decisiones no concensuadas desestabilizan al estado en su conjunto. No es una cuestión ideológica o idealista, sino de proporcionalidad entre las palabras y las cosas. La democracia debe ser una realidad, de lo contrario, es lo contrario.

La crisis política que enfrenta el gobierno federal en relación con las llamadas reformas estructurales, es consecuencia de limitar, reducir la actividad política a la obtención de acuerdos entre elites, no entre sectores sociales para asegurar el bienestar general.

Cuando no se consultan con la población asuntos estratégicos para el país, y por lo tanto las decisiones resultantes no cuentan con la debida anuencia social, entonces el régimen se debilita y sus ordenamientos sólo tienen validez ante si mismo. He ahí la paradoja, es decir, cuando algo que debe ser de validez general no vale para nada y para nadie.

Si no se respetan ni se hacen respetar las leyes, o si los mismos que las hacen las pervierten, tan sólo son tinta en el papel. Debería ser obvio que cuando a los gobiernos les importa más el respaldo de su población, que el de los cabilderos en las cámaras, su poder es más real y menos ilusorio.

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CONCLUSIÓN

Todas las decisiones a nivel gubernamental se toman tras un análisis costo-beneficio, así pues, preguntamos:

¿Qué clase de beneficios se obtienen de tomar decisiones que dejan como saldo un altísimo costo en materia de gobernabilidad y estabilidad social? ¿Para quién son los beneficios? ¿para quién son los costos?

Al tomar decisiones con una inflexible verticalidad y un inexplicable antinacionalismo no sólo se pone en duda la independencia y soberanía de nuestros sistemas jurídico, político y económico, junto a la credibilidad de las demás instituciones del Estado, sino que además se ponen las condiciones para la reactivación de viejos y nuevos movimientos sociales, abriendo también la posibilidad de su radicalización.

Ya ha sucedido en diversos momentos de nuestra historia, como cuando en 1994 el sacudimiento de conciencias tuvo epicentro en Chiapas. Esa gente, esa generación del pueblo de México lo notó y grito a los cuatro vientos, pero al cabo de los años, en efecto, el olvido se hizo silencio muchos, pero no en tod@s. Lo que ocurría entonces siguió ocurriendo y en este tiempo la situación política, social y económica se ha agravado de tal forma que ya no son sólo las minorías étnicas sino la mayoría de la población la que está harta y dice: Ya Basta.

El descontento es mucho, es cierto, pero expresarlo violentamente no ayudará en nada a nadie. Las armas no son la solución sino el problema. Si algo urge es construir una sociedad libre en todo y sobre todo de la violencia.

Banksy

¿Pero qué podemos hacer los ciudadanos para evitar nuevos escenarios de desestabilización?

Hoy, diversas sociedades en todo el mundo se están rebelando por causas concretas e incluso comunes. El despertar político y social de los ciudadanos está haciendo dar marcha atrás a gobiernos o personajes autoritarios que, disfrazados de democráticos, pretendían instalarse o perpetuarse en el poder.

Lo que se busca destacar en esta cuarta parte es que una vez iniciando un proceso de organización orientado a ese fin, la sociedad civil puede constituir un verdadero poder, con peso y capacidad cada vez mayor para mejorar la actuación del gobierno y de las instituciones. El objetivo es que la sociedad civil aprenda a autogobernarse y comience a construir o aprovechar instrumentos legales e institucionales para combatir la corrupción y la falsa representación, reduciendo la burocracia, aumentando la participación.

A partir de la Quinta Parte, comenzaremos a esbozar algunas de las formas en que está emergiendo la acción de la gente en el ámbito político, falta aún para palpar sus efectos en la realidad social, pero es nuestro sencillo afán describir lo que se vislumbra, de cerca y de lejos. Como todo lo dicho en estos textos, se trata de planteamientos puestos consideración del lector. Por lo que mucho se agradecerán sus críticas y comentarios.