LOS BROMISTAS

POR H. ELIEL PÉREZ CERVANTES

INTRO. No es broma. Sólo el 19% de la población consultada en el Estudio País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México confía en los partidos políticos[1]. Sin embargo, gracias a la broma que es la democracia electoral en este país, son éstos quienes desde todas las instancias del poder público, particularmente desde el poder legislativo, crean o distorsionan leyes con el objetivo de preservarse en el poder y consolidar desequilibrios en el “sistema representativo”.

Ejemplo de ello es el reparto del financiamiento público en función de la votación recibida por cada partido en la elección anterior en cada demarcación o distrito; por lo que en esa “lógica” siempre recibirán mas dinero los partidos que sistemáticamente acceden al poder; los cuales una vez ahí gastan enormes cantidades de recursos por concepto de «comunicación social» y propaganda, para la proyección de las «trayectorias políticas» de sus «cuadros distinguidos»; haciéndolos saltar de un cargo público a otro con el fin de aumentar sus posiciones en el sistema institucional, poniendo todos los recursos en sus manos.

Así pues, en México el sistema político funciona como si los “los políticos” fueran payasos en la taquilla, los ciudadanos el público que aplaude y paga, los cargos de elección trampolines que se compran y el Gobierno un circo que se vende.

En la percepción popular cada vez más se arraiga la idea de que en lugar de gobierno lo que hay es la utilización de las instituciones públicas por parte de intereses privados internos y externos, cuyo único y verdadero fin es hacerse de los recursos de éste enorme país en el que todos los días son el día de los inocentes…

DESARROLLO: LAS CAUSAS

Un ejemplo claro y reciente del uso político de los cargos de elección es lo acontecido con la solicitud de licencia de todos los jefes delegacionales en el “extinto” Distrito Federal en el 2014, en su afán por subir al trapecio y aventarse… con red de seguridad, es decir, con la licencia indefinida que les permitió competir por un lugar en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal.

Como sabemos, ese mismo fenómeno se repite en los 2469 municipios que existen actualmente en México, con alcaldes que hacen lo propio y se meten al cañón del hombre bala para ser lanzados a las redes de la política de altos vuelos como diputado local o, por qué no, federal.

Y lo mismo pasa con diputados (federales o locales, propietarios o suplentes) y senadores que, al no estar imposibilitados legalmente, tampoco dudan en dejar el cargo en turno para buscar alguna alcaldía o, por qué no, una gubernatura.

Este es el cíclico y mecánico sistema de filtros, una dinámica de producción, reproducción y reciclaje de la clase política. Un proceso que no toma en cuenta a la población más que para ritualizar un acto de gobierno más, que tiene el fin último de suplantar el poder público.

Por su puesto esto no es saludable para la “vida democrática”, ni mucho menos para la “paz pública” del país. No debe seguirse ignorando el descontento social causado por los rasgos autoritarios y corruptos del Estado. Ante la crisis de la democracia representativa en México, deben desarrollarse estrategias que ayuden a evitar nuevos episodios de inestabilidad e ingobernabilidad.

LA ANTI REPÚBLICA

Como hemos visto, en México el servicio público es visto por las élites partidistas como un medio para hacer carrera política y acceder al erario público, con el objetivo de autoasignarse beneficios y concederse facultades y atribuciones que van más allá de lo que establece la ley o que no se contemplan en ella; todo lo cual se traduce en un uso faccioso del poder público, en detrimento del sistema representativo, democrático y popular, que supuestamente tenemos.

Así pues, ese enfoque de la política partidista esta dañando a la Administración Pública en general, al pervertir la función de instituciones y recursos que son de todos, como si fueran cosa privada: una anti República

La cuestión está en señalar que ellos, los servidores públicos electos, no deberían de poder pedir licencia a un cargo con el objetivo de contender por otro; pues ello da pie a irresponsabilidades que conducen a un incumplimiento de mandato que «termina» en un mandato incompleto. No necesitamos eso.

Mas bien debe ser la ciudadanía quien determine si un “gobernante” sirve o no, y si en función de eso sigue o no en el cargo.

Si este principio se lleva a la práctica, descongelando la iniciativa para instituir y aplicar la Revocación de Mandato a todos los cargos de representación popular a nivel nacional, se pondrá, ahora sí, el poder público en la voluntad de los ciudadanos y se le quitará a quienes ven la política como un trampolín para saltar de un nivel a otro de las posiciones de poder.

Sólo entonces tendremos el gobierno que realmente queremos.

En cuanto al problema que este curioso fenómeno de circo pone en evidencia, debería tenerse claro que la ciudadanía no tiene por qué pagar su cada vez más caro adoctrinamiento partidario [2], como tampoco tiene por qué ser quien legitime «el acceso al poder» de una u otra facción del sistema político-económico.

Ese fin no justifica los medios.

Tercia de Jokers o Pacto por Máxico

ROUSSEAU Y LA DEMOCRACIA DIRECTA CONTRA EL SISTEMA DE PARTIDO DE ESTADO

Según Nicolas Tenzer [3] existen tres tipos de Contrato Social, que corresponden a formas de organización política diferente:

El primero da inicio a la separación entre el dominio del poder y el campo de acción del individuo; fue analizado por autores del siglo XVI como Holman, Theodore de Béze, Du Plessis-Mornay y Althusius. Es concebido como un acto formalizado entre 2 partes: Gobernantes y gobernados, y se plantea como un medio para limitar el poder del gobierno; muy en el sentido de los pensadores de la ilustración y de su concepción del progreso político, según el cual los gobernados deberán ser cada vez más exigentes. De ahí la esperanza depositada en el desarrollo de una Opinión Pública, es decir, un creciente segmento bien formado e informado de la población.

El segundo tipo de contrato no contempla la dualidad Gobernantes-gobernados, sino que establece la soberanía como absoluto y al pueblo como soberano. Su principal exponente fue Juan Jacobo Rousseau, y en él, a diferencia del primero no hay una apuesta por una abstracta Opinión Pública, sino por una Voluntad General que adquiera corporeidad en los espacios de deliberación pública, por ejemplo, las asambleas populares. En este tipo de contrato no existe la figura de los representantes, sino que el pueblo está investido de una soberanía inalienable, cuyo acto esencial es hacer leyes. Así pues, toda ley que no esté fundada en la deliberación del conjunto del pueblo no es republicana. En todo caso la figura del gobernante es tan sólo la de un ejecutor y no la de un titular de una parcela de soberanía.

En el tercer tipo de contrato, expuesto principalmente por Thomas Hobbes, no hay 2 sino 3 elementos a considerar: dos contratantes y un no contratante, es decir, por un lado hay 2 partes, generalmente en conflicto (puesto que el hobbessiano estado de naturaleza es un estado de guerra) y por el otro esta el arbitro, cuya función es crear una estabilidad política duradera, basada en el supuesto de que los individuos encomiendan al Estado sus fuerzas privadas.

Este último es el tipo de contrato que prevalece en la actualidad y que da pie al modelo de gobierno en el cual los ciudadanos delegan o ceden su poder a sus representantes. Y en nuestra opinión, cuando no es aplicado en el sentido de dotar de entornos institucionales los impulsos del hombre y se limita a ser un modelo delegativo entonces revive y adapta el centralismo monárquico en la figura de una oligarquía o de un caudillo que a través del Estado devora y concentra el poder de los gobernados.

Lo cual nos hace preguntarnos: ¿Qué pasa en los casos en que, como en la actualidad, el Estado es fusionado con la estructura de los partidos que se disputan su titularidad?

Creemos aquí que esta incomprensión o, mejor dicho la distorsión del modelo hobbessiano de contrato es el germen del sistema de partido de estado, y que éste a su vez es la causa de la descomposición política actual no sólo en México, sino en todos los países en que se encuentra en crisis la democracia representativa. Por lo que habría que rescatar, además de los elemento originales del modelo hobbesiano y complementarlos con los elementos del contrato roussoniano, mediante el desarrollo y despliegue de estrategias de democracia participativa o directa.

Una dinámica de esa naturaleza deberá conducir a una progresiva descentralización del poder político. Así mismo, se plantea la conveniencia de este tipo de contrato, en el sentido de que una mayor participación de la sociedad en los asuntos públicos deberá introducir horizontalidad a los procesos de toma de decisiones, en oposición y como contrapeso a la verticalidad propia de los partidos.

En resumen. Tanto si es viable o no cambiar de modelo de contrato social en nuestro país, lo cierto es que ya es tiempo de resolver los vacíos legales que permiten usar los cargos públicos como trampolines políticos.

Entre otros ordenamientos deben modificarse la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos, insertando cláusulas que explícitamente prohiban esa práctica que, de no existir un sistema de partidos que la tiene como normal, sonaría tan absurda y circense como de hecho es.

CONCLUSION

Dice el dicho que tenemos el gobierno que merecemos, apelando a la apatía que supuestamente caracteriza a los mexicanos y por la cual los gobernantes hacen lo que quieren con el Poder Público. Esto no es cierto en el caso de México.

Descendemos de una sociedad milenaria, con una memoria histórica y una cultura que antes de la “conquista” determinaba la construcción de su propia realidad. Sin embargo, el modelo de contrato social que se ha aplicado en nuestro país ha distanciado, deliberadamente, a la sociedad de los procesos de toma de decisiones.

No hay pues, una apatía generalizada en la población, lo que hay es una falta de espacios y mecanismos que posibiliten una democracia más participativa y directa.

Es por eso que concluimos planteando la necesidad de que, desde la sociedad civil y por la vía de los movimientos sociales, se pongan en práctica estrategias que hagan factible el desarrollo de habilidades cívico-políticas en la población; cosa que no esta haciendo el Estado a travésdel sistema educativo.

Y si bien una nota en facebook no es lugar para hacer predicciones, sí podemos decir que lo previsible en el mediano y largo plazo es que el descontento social se convertirá primero, no en violencia, sino en una actitud de reciprocidad, esto es, dado que la clase política ha ignorado cada vez más los reclamos y demandas de la población, la población tendrá en cuenta cada vez menos a la clase política.

Esto no significa que se seguirá poniendo la «voluntad general» en el 19% de los ciudadanos que todavía espera algo de los partidos políticos, sino que el otro 81% tendrá que desplegar estrategias factibles para transformar la realidad sin intermediarios.

Si hacemos caso a Rousseau, el Estado somos nosotros, los ciudadanos. Por lo tanto la élite político-partidista es perfectamente prescindible en la orientación democrática de las instituciones de la República.

La idea es seguir buscando la proporcionalidad entre los dichos y los hechos. Así pues, si decimos que este país es una Democracia, sea.

Si aplicamos la ley de verdad, funcionará. Todo está a prueba y por lo visto en la historia reciente de México, así seguirá.

Hasta la Próxima

Art Lee King

[1] IFE-ELCOLEGIO DE MÉXICO “Estudio País Sobre la Calidad deLa ciudadanía en México” Pag. 198.

Encuesta levantada a una muestra representativa nacional y regionalmente, así como por diversos estratos de interés, dispersa en 12 municipios de 4 estados de la República.

Enlace:http://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Documento_Principal_23Nov.pdf

[2] De acuerdo al estudio «El Costo de las Elecciones Presidenciales del 2012» elaborado por la Organización No Gubernamental MÉXICO EVALÚA, el costo aproximado de las elecciones federales del año 2012 ‘rondó’ los 40 mil 248 millones de pesos, por lo que es considerada una de las elecciones mas caras a nivel mundial.

Ver el Estudio>>>http://es.scribd.com/doc/124499894/Version-final-de-Costo-electoral

[3] TENZER, NICOLAS. “La Sociedad Despolitizada” Paidos, España.1990. Pag.190