TRUCOS Y ENGAÑOS

POR H. ELIEL PÉREZ CERVANTES

1. EL TRUCO

Para comenzar yendo directo al punto, es justo destacar que la denominada reforma político-electoral no fue un proyecto llevado acabo por iniciativa de la ciudadanía, ni por la de “nuestros” “representantes” en el congreso de la unión, sino que surgió de ese conglomerado de intereses “conocido” por el nombre de su documento fundacional como “Pacto por México”, el cual incluye a las cúpulas de los “tres” “principales” “partidos políticos”, es decir el p.r.i., el p.r.d. y el p.a.n. y por extensión a sus partidos satélites… SÍ, TODOS LOS DEMÁS.

Fue en el punto 5.4 del documento firmado por los integrantes de esa entidad cupular, que parece no estar ni dentro ni fuera sino más allá de la ley, donde se propuso crear una autoridad electoral de carácter nacional y una única legislación para regular las elecciones a nivel federal, estatal y municipal.

Como ya es costumbre de la clase política, en ningún momento se tomó en cuenta la opinión de la población (que los eligió y para la cual trabajan) ni de sus propuestas para llevar a cabo dicha reforma con la debida ANUENCIA SOCIAL, a pesar de que ya existen en la Constitución instrumentos como la Consulta Popular (Artículo 35, fracción VIII) o la Iniciativa Ciudadana (Artículo 71 fracción IV).

Pues bien, como producto de lo pactado, el 10 de Febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se introducían modificaciones a nuestra Constitución en materia político-electoral. Dicho acto, es decir, la expedición de ese decreto es una medida cuyo fin es producir una reacción en cadena, primero a nivel teórico (se reforman, adecuan, derogan y expiden artículos y leyes relacionadas) y luego a nivel práctico (en el funcionamiento de las instituciones con incidencia en la materia).

Tal como ha ocurrido con todas y cada una de las llamadas “reformas estructurales”, en este caso volvió a imponerse una agenda preestablecida a la que había que pasar por el «trámite» de la simulación legislativa para legitimarla.

La cuestión que interesa destacar aquí es que las decisiones que se están elevando a nivel de leyes que afectarán de un modo u otro la vida de más de 120 millones de mexicanos, están siendo legitimadas por apenas 628 personas (500 diputados y 128 senadores… las legislaturas de los estados tan sólo se unen al coro, so pena de que no fluyan los recursos de la federación en caso de no hacerlo… sí, son rehenes del paradójico centralismo «federalista»), número que se reduce aún más pues no todos votan a favor de éstas, como en el caso de la nueva Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales (LEGIPE), la cual sólo fue aprobada por 494 legisladores (381 diputados y 113 senadores) todo bajo el lapidario argumento de que así funcionan los sistemas representativos.

Aquí está uno de los puntos que urge hacer notar, pues, si nos detenemos a pensarlo mejor nos daríamos cuenta de que estamos siendo objeto de una broma bastante pesada, un juego de palabras donde el truco está en el concepto “representación”, esa es la palabra mágica que hace que lo que en realidad es una OLIGARQUÍA (por definición “gobierno de pocos”) se presente como una democracia. Bajo esa “lógica” la palabra “MAYORÍA” adquiere también un “significado” que nada tiene que ver con la realidad.

Quino

2. «LA MAYORÍA»

Ahora bien, aunque en esta reforma se incluyeron en la LEGIPE criterios para la habilitación de las Candidaturas Independientes (se hizo con la limitante de los recursos a los que no tienen acceso en equidad con los partidos), en ella se descartó desde un principio la inclusión de la segunda vuelta electoral como una forma de activar a la mayor parte del electorado, por lo que ya de entrada, una de sus deficiencias radica en que no produjo un mecanismo que como aquella sea eficaz para vencer al cada vez mayor abstencionismo, lo que significa que el sistema político seguirá reciclándose sólo con “la mayoría” de esa minoría de la población total que acude a las urnas. Ese “simple” hecho da mucho que decir y deja mucho que desear respecto a todo lo reformado.

Continuando con el enfoque planteado en la primera parte; para John R. Searle la construcción de hechos institucionales depende de una intencionalidad colectiva, la cual, en términos políticos y dentro de un contexto realmente democrático debería estar representada por la voluntad popular, sin embargo, en la modalidad oligárquica que rige hoy “nuestra” “democracia” dicha intencionalidad colectiva no fue otra mas que la de los integrantes del “pacto por México”, cuya existencia establece de facto una cadena de mando conformada, como ya dijimos, por los intereses que confluyen entorno al Poder Ejecutivo y las dirigencias de los partidos políticos, los cuales a su vez le marcan “línea” a sus bancadas en el poder legislativo, para aprobar el contenido de sus iniciativas sin someterlas a un análisis minucioso o a una verdadera discusión.

Tal negligencia quedó demostrada con la momentánea aprobación (hace un año) de la pensión (haber de retiro) otorgada a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el vergonzoso argumento de que los legisladores“no se dieron cuenta”. Aparentemente, después del escándalo mediático que ello ocasionó, el artículo 209 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tuvo que ser corregido para «únicamente» facultar a sus llamadas Salas Regionales para establecer los términos de dicha pensión… osea que la pensión se queda, si es vitalicia o no queda a reserva, para cuando vuelva a ser prenda negociable.

¿Todo esto qué significa? Que no es verdad, por el momento no existe una equilibrada división entre los poderes que integran al poder público en México, por lo que tampoco hay pesos y contrapesos efectivos entre ellos, ni los habrá mientras medie la partidocracia en la integración de dichos poderes; y aunque en la letra se habla por ejemplo del Servicio profesional Electoral Nacional (Apartado D de la Base V del artículo 41 constitucional) sabemos que para eso fue creado y se preserva en la reciente reforma política el mecanismo de las llamadas CUOTAS PARTIDISTAS en la composición de las instituciones y funcionarios que conformarán al Sistema Nacional Electoral (integrado por el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de los estados) para que entre ellos –partidos políticos y, aunque no lo admitan, los gobiernos estatales- se siga solapando y dando continuidad a lo que no es mas que una descarada y costosa simulación, solo que ahora…

ELEVADA A RANGO CONSTITUCIONAL

Ahora bien ¿cómo se aplica en el caso que nos ocupa la formula (X vale como Y en el contexto C) planteada por John Searle para explicar el otorgamiento del status de ley a los designios aquí referidos? Como sigue:

Una serie de normas y las modificaciones a esas normas (X) adquieren el status de Ley (Y) para aplicarse en todos los procesos político-electorales de México (C). Existen pues, los elementos necesarios para la construcción de un “hecho institucional”. Lo que sigue es una sucesión de acontecimientos, se crean una serie de instituciones y se construyen a partir de formulaciones conceptuales elevadas al nivel de leyes nuevas formas de poder convencional, que a su vez otorgarán “como por tacto divino” la validez y legalidad a los procesos electorales con los que se seguirá delegando en unos cuantos el ejercicio del poder público.

3. Amig@ Lector, para cerrar esta segunda parte y justificar el “pretencioso” afán de explicar un asunto político en términos filosóficos, basta con resumir que el meollo del asunto, el principal motivo de desconfianza respecto a la democracia electoral que nos imponen a través de los partidos políticos, está en la distorsión del significado de 2 conceptos: «representación popular» y “mayoría”; de ese modo no importa si la mayoría de la población de todo el país (la verdadera mayoría) no estamos de acuerdo con una disposición oficial, basta con que la “mayoría” de quienes votan las leyes o califican las elecciones regalen o vendan su voluntad para que se aprueben las mas impopulares medidas o se solapen las mas turbias elecciones en perjuicio (como siempre) de los gobernados, al fin y al cabo (desde la perspectiva de los gobernantes) si la realidad no satisface a los ciudadanos, para eso están los conceptos propagados en sus discursos y leyes, para crear con ellos un subuniverso en el que se haga flotar nuestra conciencia y nuestras creencias de acuerdo a lo que mas les convenga.

Esa es la razón por la que los llamados “factores reales de poder” le apuestan a sus «gallos» de la clase política, pues cumplen la función de mantener la atención de los ciudadanos en lo superficial del sistema político, mientras otros disponen y juegan con el destino del país y sus habitantes; por eso son tan disputadas y costosas “nuestras” “elecciones”, por todo lo que está en «juego»: recursos públicos y bienes nacionales, cuyo resguardo debe quedar en manos de todos, ya no en las de esos sonrientes extraños que sólo nos ven cuando tenemos forma de X en una boleta electoral… por eso y para seguir haciendo posible todo eso, la clase política siempre buscará la forma de preservarse.

Pero el despertar político de la población es un factor en aumento. Nada distraerá en lo sucesivo la mirada de millones de personas en el actuar de esa élite parásita y caprichosa. Sus propias reformas, como ésta y, marcadamente la reforma energética, que ya desde este abril de 2016 permitirá a cualquier empresa nacional o extranjera, la libre importación de gasolina y diesel, lo cual les creará enormes oportunidades de negocio, sí, pero al mismo tiempo pondrá las condiciones para un descontento social sostenido y creciente que los obligará a adecuar la legislación al interés general, no sólo el privado. Tiene la sociedad mexicana en este momento histórico la oportunidad de demostrar que la voluntad general es la de todos, o no es.

HASTA LA PRÓXIMA

Quino